Rosario Robles, en turno.
By: Monge, Raúl
Publication: Proceso
Date: Sunday, June 6 2004
Luego de que la exjefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, hizo declaraciones como testigo en relación con el caso Ahumada, ahora deberá ser citada por las autoridades capitalinas en calidad de indiciada, pues en una de las averiguaciones previas derivadas de los videoescándalos existen elementos de peso suficientes para acreditar su presunta complicidad con el empresario argentino en acciones ilegales y de corrupción dentro de la administración capitalina ...
Compañera de viaje de Carlos Ahumada en su fuga a La Habana, y pieza clave en los negocios y componendas que el empresario tejió con un puñado de funcionarios capitalinos y candidatos perredistas a puestos de elección popular, Rosario Robles se encuentra en la mira de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
En una de las siete averiguaciones previas que se han desprendido del caso Ahumada, la exjefa de Gobierno del DF y expresidenta del PRD, Rosario Robles Berlanga, aparece, en efecto, en calidad de indiciada por la probable comisión de hechos constitutivos de delitos, junto con María Eugenia López Brun, José Ramón Zebadúa y Adolfo Llubere.
Eugenia López Brun y Ramón Zebadúa fungieron como secretaria de Finanzas y oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, respectivamente, mientras que Llubere fue una especie de operador político durante la gestión de Robles en el partido y actualmente es funcionario de la delegación Tlalpan.
La querella fue interpuesta el pasado 16 de abril ante la Procuraduría capitalina por Alejandro Valencia Nolasco, César Braulio López Aguado, Humberto Romero Zecua y Francisco García Calderón, personajes presuntamente ligados al diputado local con licencia René Bejarano, uno de los tres colaboradores del actual jefe de Gobierno de la capital implicados en los videos de la corrupción. El proceso de desafuero de Bejarano se halla en la fase de desahogo de pruebas en la Cámara de Diputados.
Con las evidencias acumuladas hasta ahora dentro de la averiguación previa número FASI50T1/348/04-04 --testimonios ministeriales, documentales hallados en las instalaciones de grupo Quart y estados de cuenta bancarios, entre otras pruebas--, la PGJDF tiene fundamentos legales de sobra para fincar responsabilidad penal contra Rosario Robles, al menos por el presunto delito de cohecho a cargo de particulares.
Los artículos 277 y 278 del Código Penal para el Distrito Federal prevén esa figura, aunque no lo consideran gravoso. El artículo 277 establece, por ejemplo, que a la persona "que promueva una conducta ilícita de un servidor público, o se preste para que éste o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación ilícita de negocios públicos o ajenos a la responsabilidad inherente a su empleo, cargo o comisión, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 100 a 500 días (de salário mínimo) de multa".
