Rosario Robles, en turno.
By: Monge, Raúl
Publication: Proceso
Date: Sunday, June 6 2004

Luego de que la exjefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, hizo declaraciones como testigo en relación con el caso Ahumada, ahora deberá ser citada por las autoridades capitalinas en calidad de indiciada, pues en una de las averiguaciones previas derivadas de los videoescándalos existen elementos de peso suficientes para acreditar su presunta complicidad con el empresario argentino en acciones ilegales y de corrupción dentro de la administración capitalina ...

Compañera de viaje de Carlos Ahumada en su fuga a La Habana, y pieza clave en los negocios y componendas que el empresario tejió con un puñado de funcionarios capitalinos y candidatos perredistas a puestos de elección popular, Rosario Robles se encuentra en la mira de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

En una de las siete averiguaciones previas que se han desprendido del caso Ahumada, la exjefa de Gobierno del DF y expresidenta del PRD, Rosario Robles Berlanga, aparece, en efecto, en calidad de indiciada por la probable comisión de hechos constitutivos de delitos, junto con María Eugenia López Brun, José Ramón Zebadúa y Adolfo Llubere.

Eugenia López Brun y Ramón Zebadúa fungieron como secretaria de Finanzas y oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, respectivamente, mientras que Llubere fue una especie de operador político durante la gestión de Robles en el partido y actualmente es funcionario de la delegación Tlalpan.

La querella fue interpuesta el pasado 16 de abril ante la Procuraduría capitalina por Alejandro Valencia Nolasco, César Braulio López Aguado, Humberto Romero Zecua y Francisco García Calderón, personajes presuntamente ligados al diputado local con licencia René Bejarano, uno de los tres colaboradores del actual jefe de Gobierno de la capital implicados en los videos de la corrupción. El proceso de desafuero de Bejarano se halla en la fase de desahogo de pruebas en la Cámara de Diputados.

Con las evidencias acumuladas hasta ahora dentro de la averiguación previa número FASI50T1/348/04-04 --testimonios ministeriales, documentales hallados en las instalaciones de grupo Quart y estados de cuenta bancarios, entre otras pruebas--, la PGJDF tiene fundamentos legales de sobra para fincar responsabilidad penal contra Rosario Robles, al menos por el presunto delito de cohecho a cargo de particulares.

Los artículos 277 y 278 del Código Penal para el Distrito Federal prevén esa figura, aunque no lo consideran gravoso. El artículo 277 establece, por ejemplo, que a la persona "que promueva una conducta ilícita de un servidor público, o se preste para que éste o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación ilícita de negocios públicos o ajenos a la responsabilidad inherente a su empleo, cargo o comisión, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 100 a 500 días (de salário mínimo) de multa".

Vía articlearchives.com

En la edición 1440 del semanario Proceso, del 6 de junio del 2004, el periodista Raúl Monge adelantó un texto bajo el encabezado: "Rosario Robles en turno", en que se daba cuenta del papel de la exjefa del GDF en los turbios negocios de Carlos Ahumada y su presunta responsabilidad penal. Por considerarlo de interés, a continuación se reproduce el texto íntegro:

Luego de que la exjefa de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Rosario Robles, hizo declaraciones como testigo en relación con el caso Ahumada, ahora deberá ser citada por las autoridades capitalinas en calidad de indiciada, pues en una de las averiguaciones previas derivadas de los videoescándalos existen elementos de peso suficientes para acreditar su presunta complicidad con el empresario argentino en acciones ilegales y de corrupción dentro de la administración capitalina...

Compañera de viaje de Carlos Ahumada en su fuga a La Habana, y pieza clave en los negocios y componendas que el empresario tejió con un puñado de funcionarios capitalinos y candidatos perredistas a puestos de elección popular, Rosario Robles se encuentra en la mira de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
En una de las siete averiguaciones previas que se han desprendido del caso Ahumada, la exjefa de Gobierno del DF y expresidenta del PRD, Rosario Robles Berlanga, aparece, en efecto, en calidad de indiciada por la probable comisión de hechos constitutivos de delitos, junto con María Eugenia López Brun, José Ramón Zebadúa y Adolfo Llubere.
Eugenia López Brun y Ramón Zebadúa fungieron como secretaria de Finanzas y oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, respectivamente, mientras que Llubere fue una especie de operador político durante la gestión de Robles en el partido y actualmente es funcionario de la delegación Tlalpan.

La querella fue interpuesta el pasado 16 de abril ante la Procuraduría capitalina por Alejandro Valencia Nolasco, César Braulio López Aguado, Humberto Romero Zecua y Francisco García Calderón, personajes presuntamente ligados al diputado local con licencia René Bejarano, uno de los tres colaboradores del actual jefe de Gobierno de la capital implicados en los videos de la corrupción. El proceso de desafuero de Bejarano se halla en la fase de desahogo de pruebas en la Cámara de Diputados.

Con las evidencias acumuladas hasta ahora dentro de la averiguación previa FASI50T1/348/04-04 --testimonios ministeriales, documentales hallados en las instalaciones de grupo Quart y estados de cuenta bancarios, entre otras pruebas--, la PGJDF tiene fundamentos legales de sobra para fincar responsabilidad penal contra Rosario Robles, al menos por el presunto delito de cohecho a cargo de particulares.

Los artículos 277 y 278 del Código Penal para el Distrito Federal prevén esa figura, aunque no lo consideran gravoso. El artículo 277 establece, por ejemplo, que a la persona "que promueva una conducta ilícita de un servidor público, o se preste para que éste o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación ilícita de negocios públicos o ajenos a la responsabilidad inherente a su empleo, cargo o comisión, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 100 a 500 días (de salario mínimo) de multa".

Y el 278 señala que a la persona "que de manera espontánea le ofrezca dinero o cualquier otra dádiva u otorgue promesa a un servidor público o a interpósita persona, para que dicho servidor haga u omita un acto relacionado con sus funciones, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 100 a 500 días (de salario mínimo) de multa".
Agrega dicho precepto: el juez podrá imponerle a esa persona "una tercera parte de las penas señaladas en el párrafo anterior, o eximirla de las mismas, cuando hubiese actuado para beneficiar a alguna persona con la que lo ligue un vínculo familiar, de dependencia o cuando haya denunciado espontáneamente el delito cometido".
En el caso particular de Robles, no aplica este beneficio, puesto que ella misma declaró, el pasado 18 de marzo, ante el Ministerio Público del Fuero Común, que su relación personal con Carlos Ahumada era única y exclusivamente "amistosa".

Citada en calidad de testigo dentro de la averiguación previa iniciada contra el exjefe delegacional en Tlalpan, Carlos Ímaz, cuyo proceso penal se desahoga en el Juzgado 11 de lo Penal, con sede en el Reclusorio Norte, la exdirigente nacional del PRD agregó en aquella audiencia:

"Yo era amiga del señor Carlos Ahumada Kurtz, no era ni socia de sus empresas ni tenía conocimiento alguno de sus actividades empresariales porque no me meto en las vidas ajenas, de la misma manera que no se meten en la mía".

--¿Conoce el domicilio particular de Carlos Ahumada Kurtz? -preguntó el agente del MP.

Con el semblante descompuesto, Rosario Robles, quien el pasado 30 de mayo fue acusada por sus excompañeros de haber dejado "un desorden descomunal" en el PRD, respondió:

--Todo lo relacionado con mis relaciones de amistad es del ámbito privado, y punto.

Según logró averiguar el reportero, en la indagatoria iniciada contra la primera mujer que ha gobernado la Ciudad de México --durante la recta final del trienio 1997-2000--, la PGJDF acredita la posible comisión del delito de cohecho con base en lo declarado por los principales implicados en los videos de la corrupción, los perredistas Bejarano, Ímaz y Flores Millán.

Apoyado por los priistas Jesús Salazar Toledano, Enrique Jackson y, sobre todo, por Carlos Salomón --el vocero y director de la Lotería Nacional en la administración zedillista y amigo personal de Carlos Ahumada--, Octavio Flores Millán dio la espalda a quienes le allanaron el camino para llegar a la delegación Gustavo A. Madero y acaba de retomar el control de la jefatura delegacional, a pesar de que desde el gobierno central le sugirieron que, por prudencia y decoro, renunciara al puesto.

En sus declaraciones ministeriales, Bejarano, Ímaz y Flores responsabilizan directamente a Robles Berlanga de fungir como intermediaria en relación con el empresario preso en el Reclusorio Norte.

En la delegación Tlalpan

Ímaz: "Yo lo conocí (a Carlos Ahumada) a través de Rosario Robles. Me lo presentó como un empresario que hablaba del proyecto de cambio social, que quería impulsar de buena fe, sin ningún interés propio, dicho movimiento".
En otra parte de su testimonial, el exjefe delegacional en Tlalpan refirió también que Ahumada apoyó la campaña de Rosario Robles a la presidencia nacional del PRD en enero de 2003 y puntualizó que en ese entonces él mismo recibió del empresario entre 500 y 600 mil pesos para ese fin.

Sobre los apoyos que recabó personalmente, Ímaz confesó que, además de dinero en efectivo, Ahumada se encargó de cubrir el costo de los anuncios en radio y televisión, así como el de la pinta de bardas y colocación de pendones en su precampaña para la jefatura delegacional en Tlalpan. (Sigue)

Vía proceso.com.mx